¿Quién se adueña de la diversidad genómica marina?

Diversos investigadores proponen crear un fondo común internacional de patentes. 10 países del mundo acaparan el 90% de las patentes de genes marinos, entre los que se incluyen algunos presentes en aguas internacionales, “una cifra muy llamativa” si tenemos en cuenta que esta decena de países posee el 20% de las costas del mundo.

Los tres primeros, Estados Unidos, Alemania y Japón, abarcan el 70% de estas patentes y otro de ellos, Suiza, no posee si quiera aguas marinas jurisdiccionales. Estas estadísticas se desprenden de un estudio en el que participan investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que aparece publicado en el último número de la revista Science.

El artículo, coordinado por una investigadora del Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer, plasma la necesidad de desarrollar un marco internacional que asegure un “acceso ético y equitativo” a los recursos genéticos marinos, especialmente en aguas internacionales, que suponen el 65% de la superficie del océano.

La principal razón de este desequilibrio se encuentra en el acceso a la tecnología necesaria, tanto para la exploración marina como para la explotación de los recursos genéticos. Después de Estados Unidos, Alemania y Japón, los siete países más activos son: Francia, Reino Unido, Dinamarca, Bélgica, Países Bajos, Suiza y Noruega. Sólo 31 de los 194 países del mundo han solicitado patentes de genes marinos.

“Los datos que presentamos evidencian que habría que fomentar que los países que aún no tienen acceso a estas tecnologías puedan desarrollar estas capacidades. Instamos que estos recursos genéticos marinos sean proclamados Patrimonio Común de la Humanidad, un reconocimiento que sí tienen los recursos minerales del fondo del océano”, explica uno de los autores del estudio, Jesús María Arrieta, investigador del CSIC en el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados.

Tanto la protección de la biodiversidad como la propiedad de los recursos biológicos dentro de las aguas territoriales de cada país están definidas en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, pero fuera de las aguas territoriales no existe un marco legal aceptado universalmente. En octubre de 2010, la Conferencia sobre Diversidad Biológica de Naciones Unidas, celebrada en la ciudad japonesa de Nagoya, sentó las bases para crear un protocolo para mejorar el acceso a los recursos genéticos marinos y a los beneficios generados por su utilización. A pesar de este avance, no se pudo llegar a un acuerdo, ya que hay países partidarios de proteger estos recursos y otros prefieren mantener la “libre explotación”.

El estudio que publica Science se incluye dentro de Malaspina 2010, un proyecto interdisciplinar liderado por el CSIC dentro del programa Consolider-Ingenio 2010 financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. La expedición, coordinada por el científico del CSIC Carlos Duarte, otro de los autores de este trabajo, arrancó en diciembre de 2010 y tiene como fines evaluar el impacto del cambio global en el océano y estudiar, mediante técnicas genómicas, la biodiversidad del océano profundo, el mayor ecosistema del planeta.

Los científicos van más allá y proponen la creación de un fondo de patentes de organismos marinos extraídos en aguas internacionales. Este fondo debería estar controlado por una agencia internacional, que regularía también el reparto de beneficios.

“La exploración pionera de la diversidad genómica del océano que estamos llevando a cabo en Malaspina arrojará el descubrimiento de millones de genes nuevos. Muchos de ellos podrían tener aplicaciones en biomedicina, energía o tecnologías de la alimentación. El marco de salvaje oeste en el que unos pocos países se apropian, a través de patentes, de los recursos biológicos del océano no nos parece ni ético ni aceptable. Por otro lado, si no patentamos vendrán otros que patentarán por interés puramente comercial. No queremos operar con unas reglas del juego que no nos parecen éticas. Es por ello que proponemos un mecanismo gestionado por Naciones Unidas para garantizar que estos recursos están disponibles para toda la Humanidad”, asegura Duarte.

“Es complicado, en el caso de los sistemas marinos, definir qué especie pertenece a cada país porque se trata de establecer una propiedad sobre algo que se mueve dentro y fuera de las aguas jurisdiccionales. Hay especies que pasan una parte de su vida en la costa o incluso en ríos dentro de las aguas territoriales y otra en aguas internacionales, así que pueden cruzar más de una frontera a lo largo de su ciclo vital”, señala Arrieta, que cree que la ausencia de estos mecanismos de control genera desconfianza y obstaculiza la investigación internacional por temor a la biopiratería.

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